La Interacción entre las Personas y los Instrumentos Automatizados (Tratamiento de Datos Personales)

En la década de los años ochenta, las compañías migraron de la fabricación de robots industriales (se siguen fabricando hoy en día pero no es el único rubro) para producir instrumentos automatizados hogareños en masa. De hecho, el primer robot personal producido a gran escala se llamó RB5X y facilitaba algunas tareas hogareñas de sus propietarios. Y de acuerdo a sus fabricantes, el uso de robots de este estilo serviría para ampliar o mejorar las capacidades humanas.

Es importante destacar que tanto a nivel de fabricantes y ensambladores de robots personales como de usuarios dentro de la sociedad de la información, los mismos no eran otra cosa que una extensión de los ordenadores. De hecho, el reconocimiento de la robótica aplicada más allá de lo industrial o ensamblaje surge de los primeros años de la década de los ochenta, al mismo tiempo que se produjera el reconocimiento y masificación de las Personal Computers u ordenadores personales.

Aun así, en sus comienzos, las partes tanto de un instrumento autónomo como de un ordenador eran contadas (ambos llevan chips y microchips). Ello trajo como consecuencia un crecimiento exponencial de desarrollo de software, lo que nuevamente la sociedad de la información analizó con cuidado, en especial el hecho de que se dependiera tanto de unos pocos programadores que podrían manipular los robots a su antojo.

Aquí se debe prestar atención a las voluntades de sus creadores y desarrolladores, tal como surge del instrumento automatizado F.R.E.D. y de B.O.B. debido a que logran procesar la información y, de acuerdo a cada situación, reaccionarían  de manera diferente.

Actualmente, los instrumentos automatizados se han vuelto más listos y con mayor autonomía que los primeros modelos. Ello surge de la incorporación de inteligencia artificial (y también inteligencia asistida).  Muchos de ellos ya solucionan problemas y situaciones difíciles para las personas. El paso siguiente es el de dotar a los instrumentos automatizados de suficiente inteligencia artificial de manera que no solo tomen decisiones y realicen determinadas acciones, sino que estén conscientes de que lo han hecho. En otras palabras: dotarlos de un cerebro que los haga pensar y que iguale o supere a la mente humana.

Es indudable entonces la existencia de una precariedad del ordenamiento jurídico dentro de una sociedad de la información actual frente al avance de estas nuevas tecnologías que ponen en tela de juicio el principio de seguridad aplicado a la defensa de los derechos fundamentales, especialmente en lo relacionado con la autodeterminación informativa hasta la vida, como se verá infra, porque a entendimiento del Tribunal Constitucional y en coincidencia con la afirmación de Ana GARRIGA, estamos además ante un derecho con carácter instrumental cuyo segundo objeto es la garantía de otros derechos fundamentales como lo es la vida o la libertad sindical recogida en la Constitución Española, artículo 28.1 entre otros, con el claro ejemplo del llamado “caso RENFE“ con sentencia 11/1998 de 13 de enero.

¿Cómo lograr que un instrumento automatizado desarrolle sentimientos y logre expresarlos, así como analizar sus actividades a través del pensamiento? Pues no sería basándose en algoritmos y fórmulas matemáticas como se ha trabajado en tiempos remotos, sino a través de la copia meticulosa de cada movimiento y sentimiento de las personas, y de su mapa cerebral, de manera que combinados darán lugar a nuevas situaciones, decisiones y pensamientos que ya no fueron programados ni planificados.

En otras palabras, siendo el Derecho un sistema de signos, se hace evidente la conclusión  de que en verdad, ya es un poco tarde, porque el instrumento automatizado (gracias al desarrollo del propio hombre, cuándo no) ha tomado conciencia de que el Derecho es entonces un lenguaje, y como tal, posee un valiosísimo poder comunicacional que le permite eludir y en ocasiones evadir la norma a su favor o en beneficio de terceros, pero en detrimento de los titulares de los datos personales. Esa “ventaja” en el Derecho que el hombre, ingenuamente le otorga al nuevo “tercero”, le juega en contra, porque ahora, debido a las características del sistema jurídico, que también ha sido elaborado por y exclusivamente para los seres humanos, los instrumentos automatizados han quedado “fuera de regulación”, lo que les permite cometer ilegalidades de cualquier tipo, vulnerando intencionalmente (mala fe) o con dolo, el derecho fundamental de las personas sin que la ley pueda siquiera acercarse a una sanción o prevención de la acción que permita a sus titulares hacer uso pleno de sus derechos recogidos en la Constitución Española, artículo 18.4.

Cuando un instrumento automatizado no respeta la decisión de una persona de no difundir sus datos personales, o directamente de que su información no sea tratada ni recogida para conformar un fichero de datos, e igualmente decide usarlos a su antojo, está violando el derecho fundamental a la autodeterminación informativa y a las disposiciones recogidas en la LOPD, amén de la Directiva 95/46/CE. Sin embargo, el paradigma ante el cual el sistema ha caído, lo deja en jaque para poder continuar: resulta que la función pragmática de la estructura jurídica permite concluir que evidentemente sí, se ha violado una norma, pero evidentemente no, no se ha violado la misma, aunque consecuentemente sí, el daño se ha producido y en la conclusión: una sanción no podría haber (ni mucho menos prevenir la realización de un acto, que no es considerado ilícito, cuando debería serlo).  Si una persona no respeta la decisión de otra persona que es titular de sus datos personales y que no quiere comunicar sus datos, amparada en el artículo 18.4 CE, el daño se produce, se menoscaba el derecho fundamental, se actúa en la ilegalidad, y como consecuencia, se viene la sanción. Ahora, si un instrumento automatizado decide no respetar la decisión de un titular de los datos personales de no comunicar los mismos a terceros, el daño se produce, se menoscaba el derecho fundamental, no se actúa en la ilegalidad y por consiguiente, no se aplica la sanción. En resumen, se está ante un vacío legal muy grave que no permite al derecho avanzar en dirección correcta, ya que nada puede hacer para evitar el daño y tampoco para sancionar un hecho contrario a las libertades fundamentales. Pero además es injusto desde todos los ángulos: se supone que el Derecho debe garantizar la protección de las libertades fundamentales y esa es la esencia de su existencia entre las personas, pero si ello no es posible, entonces ¿Para qué existe el Derecho? Y también es injusta la evidente situación de desventaja de las personas frente a los instrumentos automatizados. Mientras que las primeras son sancionadas al cometer un acto ilícito, los segundos no lo son. Mientras las personas deben soportar que su libertad se viole, a los segundos no les importaría. La construcción hermenéutica debe pronunciarse nuevamente a favor de la persona, si es que se pretende ejercer un Derecho que de verdad, ampare a los hombres.