La Norma Autorreguladora como Instrumento de Apoyo a la Protección de Datos

Una norma autorreguladora, debidamente redactada y adoptada por todos los involucrados, servirá de apoyo para un mejor cumplimiento de las leyes de protección de datos y la privacidad. Con este contexto, esa misma norma puede dar un paso más hacia la realidad, incluyendo la interacción entre las personas y las apps, software, wearables y dispositivos dotados con inteligencia artificial.

Un punto a tener en cuenta en la redacción del Código de Conducta para las Relaciones entre las Personas y los Instrumentos Automatizados tiene que ver directamente con la “privacidad electrónica”, basada en aquellos datos de carácter personal que son tratados por los robots, con el consentimiento de sus titulares para determinado fin, pero que no deben ser publicados en Internet, o de serlo, solamente en sitios Web que cuenten con los mecanismos de seguridad necesarios para velar por la no propagación de la información mediante el acceso de terceros a los ficheros. En efecto, en este caso se habla del tratamiento autorizado de los datos personales por parte de los robots cuando los mismos rozan la “ilegalidad” de su ventilación en la red de redes, lo que debe quedar debidamente documentado en el cuerpo de la norma reguladora a los solos efectos de que se limite el acceso (el de los instrumentos automatizados) en Internet solamente a sus titulares o a las instituciones que las leyes determinen.

Cada vez que nace una práctica (sea esta lícita o ilícita) y repercute en las relaciones de la sociedad, el orden jurídico inmediatamente busca su regulación con el objeto de mantener la igualdad de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, así como la ponderación de aquellas garantías que permiten a las democracias gozar de buena salud.

Entonces, si el engranaje que hace funcionar a la Sociedad de la Información se desempeña adecuadamente, ¿Cuál es la razón para sujetarse a más normativa, especialmente a una norma de autorregulación? La respuesta es muy sencilla: porque lo que el ordenamiento jurídico logra regular con la normativa aplicable, es un “ideal de excelencia” o funcionamiento correcto que no es suficiente con su aplicación. Esto es así, debido a la magnitud de las interrelaciones sociales y a la variedad de derechos en juego, lo que obliga a la normativa a ejercer un manto de generalidad con el objeto de cumplir su cometido en términos medios y suficientes para que ello no quede fuera de la esfera jurídica.