Cuando una Norma Obsoleta Atenta Contra el Uso de Tecnologías y Derechos Fundamentales

Este artículo formará parte de la edición impresa de esta revista en su número 2

Existen muchas razones, y en especial de seguridad ciudadana para permitir o prohibir el uso de Tecnologías de Información Comunicación en determinados recintos, como es el extraño caso de Uruguay, dónde una norma muy antigua y su actualización de 2011 a cargo del Registro Nacional de Empresas de Seguridad (RE.NA.EM.SE.) prohíbe desde hace casi 15 años, el uso de móviles (celulares) y otros medios de comunicación dentro de instituciones públicas y en especial, dentro de bancos, sean éstos públicos o privados. Ello es así para evitar robos u otros delitos de clientes al salir de esas instituciones, si es que los posibles delincuentes avisan por sms u otros medios a sus cómplices fuera para “señalar” a la futura víctima “cargada” de dinero (o para avisar de que ahora es un momento oportuno para entrar a robar un banco).

Sin embargo, los tiempos cambian, los modus operandi de los malhechores también, así como las necesidades y derechos fundamentales de las personas, lo que vuelve totalmente obsoleto el criterio de prohibir el uso de tecnología en una ciudad.

Pero ello no es todo, ya que las normas antiquísimas de RENAEMSE en este caso, atentan directamente e indirectamente contra algunos derechos fundamentales, lo que supone además que las mismas se han vuelto inconstitucionales y que perjudican de manera agresiva a las libertades de los usuarios.

Con la prohibición del uso de TIC dentro de oficinas públicas e instituciones bancarias, se violan las siguientes libertades que a continuación se explican:

  1. Derecho de Igualdad, recogido en varios artículos de la Constitución. El hecho de que ahora, las comunicaciones móviles son un derecho adquirido y una necesidad en la población, su prohibición lo ataca directamente.
  2. Derecho de el acceso a la sociedad a la información y el conocimiento, recogido por el Plan Ceibal para llevar One Laptop Per Child a todos los niños del país. Una buena iniciativa estatal que choca directamente con esta otra norma.
  3. Viola las normativas e iniciativas gubernamentales para disminuir y erradicar la Brecha Digital, las cuales forman parte de las Agendas de Gobierno Electrónico fomentadas por el Gobierno de Uruguay.
  4. Indirectamente, viola los derechos y libertades a la información, a la libre expresión y otros, ya que Uruguay cuenta con un alto porcentaje de penetración de smartphones por habitantes, lo que implica que la convergencia de muchos servicios y derechos se encuentran accesibles solamente desde el móvil, y al prohibirse su uso, se prohíbe su acceso a los mismos
  5. Atenta directamente contra el bien jurídico colectivo Medio Ambiente, ya que al prohibir el uso de móviles y tablets, no se le permite al usuario, acceder a trámites, datos o servicios online vinculados directamente con la institución a la que se está visitando. No se le permite usar las apps ni ingresar a la Web para descargar un formulario entre otros, lo que obliga al ciudadano a imprimir el formulario, malgastando papel y generando un gasto extra, a pesar de que el servicio online podría estar disponible.
  6. Como consecuencia del punto anterior, viola directamente las leyes y decretos de Gobierno Electrónico que impulsan una gestión moderna, eficaz y eficiente.
  7. Pero además, atenta contra las telecomunicaciones, o…las telecomunicaciones atentan contra RENAEMSE, ya que por definición, esta norma se aplica por igual a todas las instituciones públicas. Pero hay una, ANTEL que es la telefónica estatal, que necesita que los usuarios utilicen sus móviles en el recinto para realizar todo tipo de trámites asociados, y de hecho, así lo hacen. Entonces, por lo pronto y por necesidad, los usuarios están implícitamente violando la norma de RENAEMSE así como también la institución pública.

En definitiva, una norma errónea u obsoleta, puede provocar un sinfín de vulneraciones a los derechos fundamentales, como es el caso de ejemplo.