30 cumpleaños de la Sentencia del Tribunal Constitucional alemán sobre el censo.

El 15 de diciembre se cumplieron 30 años desde que el TC alemán (Bundesverfassungsgericht) decidió, en el marco de las protestas populares contra el censo, que no era correcto almacenar información sobre los ciudadanos de forma ilimitada. En su sentencia el Tribunal definió el derecho a la autodeterminación informativa como nuevo derecho fundamental autónomo.

La sentencia, que ha pasado a la historia como la “sentencia sobre el censo” se basaba en un razonamiento que sigue de actualidad en la que podríamos calificar como la era de las redes sociales: “El derecho a la autodeterminación informativa presupone, también en el marco de las nuevas tecnologías de la información, que cada individuo pueda decidir de forma libre sobre posibles tratamientos de sus datos, así como de poder actuar en función de los mismos. El derecho a la autodeterminación informativa hace imposible la existencia de un sistema social y legal en el que los ciudadanos no puedan saber quién, qué, cuándo y en qué condiciones dispone de información sobre ellos”.

Contra la Ley del Censo se habían presentado diferentes recursos, entre ellos el del recientemente fallecido Wilhelm Steinmüller, en el que se desarrollaba el concepto de autodeterminación informativa que posteriormente sirvió de fundamento para la sentencia que nos ocupa. Ese recurso también hacía referencia al almacenamiento preventivo de datos, y cabe suponer que esa referencia fue la base para que el Tribunal suprimiera la posibilidad de comparar los datos del censo con el número de viviendas, ya que eso habría posibilitado una “re personalización” de los datos estadísticos.

Hoy en día disfrutamos, al menos de momento, de las consecuencias de esta sentencia, que también puede ser considerada la fuente del nuevo “derecho a la integridad y confidencialidad de los sistemas informáticos”surgido, de nuevo, de una sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 27 de febrero de 2008, que supone una concreción en la definición del alcance de la protección de datos frente a las nuevas tecnologías. La Sentencia responde a un recurso presentado contra la reforma de la ley de los servicios de inteligencia del Estado de Renania del Norte Westfalia, en virtud de la cual se permitía expresamente que esos servicios pudieran utilizar de forma secreta troyanos para espiar los ordenadores de cualquier sospechoso, lo cual significa entrar en el ordenador, reunir toda la información encontrada y analizarla posteriormente. El Tribunal consideró la reforma como inconstitucional y configuró el nuevo derecho ya mencionado.

Teniendo en cuenta el proyecto de nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, me parece adecuado mencionar que uno de los problemas que plantea ese proyecto (y desgraciadamente no es el único) es que cerrará el acceso de los ciudadanos a recursos de amparo en materia de protección de datos ante los tribunales constitucionales de los países miembros. Eso es especialmente grave en el caso alemán, donde el Tribunal Constitucional ha sido especialmente activo en la materia y casi siempre en favor de los ciudadanos. Ese problema es más grave de lo que pueda parecer en principio, ya que la Unión Europea carece de un tribunal equivalente capaz de ofrecer una protección adecuada a los ciudadanos.

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