Acceso a la información pública y sus futuras limitaciones

Texto extraído del artículo “Acceso a la información pública: el fortalecimiento de la democracia y su posible vulneración posterior“ perteneciente a la revista “Doctrina & Jurisprudencia“ de CADE, a publicarse en diciembre de 2013

En la actualidad, un altísimo porcentaje de la sociedad (incluyendo a profesionales) desconoce de la existencia de una herramienta muy poderosa que cuenta con resultados efectivos, cuyo beneficio es un adecuado contralor del ciudadano frente al inmenso poder del Estado en cuanto al tratamiento de la información, otrora considerada “reservada” o exclusiva de cada organismo. Pues este instituto existe y se denomina Derecho de Acceso a la Información Pública erigido en la Ley 18381[1] de 7 de noviembre de 2008, y permite junto a la Ley 18331 (Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data)[2] reforzar nuestros derechos fundamentales de la tercera generación, en especial, aquellos relacionados con el manejo de información podría ser de difícil acceso.

Ahora, basta con presentar un escrito en la oficina pertinente, indicando qué se solicita y de qué manera preferimos que se nos notifique de la misma. En caso de que no se nos entregue la información solicitada, en el plazo legal de veinte días, o que la misma se nos niegue sin una correcta y fundada justificación, los ciudadanos quedamos habilitados para ejercer la ACCION DE ACCESO presentando una demanda en los Juzgados pertinentes.
 
Ahora bien, a la fecha, se ha presentado en el parlamento, una propuesta de modificación de la Ley 18381, en especial en su artículo 9 sobre información reservada así como aquellos relacionados, permitiendo a la administración pública, negar la entrega de información solicitada, amparándose en que la misma es reservada, pero (atención) sin necesidad de fundamentar dicha reserva. Como consecuencia de ello, de aprobarse la reforma, estaríamos ante un menoscabo tajante de la libertad fundamental, de un debilitamiento de la democracia así como de una inoperancia de la mismísima ley en desmedro de las personas. De facto, al herir de muerte a la Ley 18381, la misma no tendría razón de existir[1] y habríamos retrocedido hasta los momentos anteriores a la publicación de la mencionada norma.

[1] Veámoslo de esta manera: si antes de la existencia de la mencionada Ley, no era muy alentador presentarse ante una oficina pública a solicitar información, porque existía un altísimo porcentaje de probabilidad de que nos la negaran, entonces ¿quién ahora se tomaría la molestia de redactar una solicitud escrita y presentarla, sabiendo que tampoco prosperará?


[2] No debemos confundir: Ley de Acceso a la Información Pública, 18381; Ley de Protección de Datos y Acción de Habeas Data, 18331. Su numeración es parecida con una diferencia de 50 dígitos.